La digitalización reduce la economía informal: cómo la tecnología está formalizando el trabajo en el mundo emergente
Pagos digitales, plataformas de delivery y banca móvil están integrando a millones de trabajadores informales en el sistema económico formal. Analizamos el impacto fiscal y social de esta transformación.
Uno de los efectos menos comentados, pero más relevantes, de la digitalización financiera es su impacto directo en la reducción de la economía informal en los países en desarrollo. La proliferación de pagos digitales, la banca móvil y las plataformas de trabajo digital están integrando de forma progresiva a millones de trabajadores que históricamente operaban completamente al margen del sistema financiero y fiscal formal, un fenómeno con implicaciones económicas y sociales que van mucho más allá de la simple conveniencia tecnológica.
| Indicador | Dato |
|---|---|
| Reducción economía informal (líderes emergentes) | -8 puntos porcentuales desde 2018 |
| Nuevos usuarios de banca móvil | 890 millones de personas |
| Recaudación fiscal adicional estimada | 95.000 millones de dólares anuales |
| Trabajadores de plataformas digitales | 450 millones a nivel mundial |
Según estimaciones del Banco Mundial, los países que han impulsado de forma más decidida la digitalización financiera —entre ellos India, Kenia, Indonesia y Brasil— han logrado reducir el peso de su economía informal en torno a 8 puntos porcentuales desde 2018, con cerca de 890 millones de personas accediendo por primera vez en su vida a algún tipo de servicio de banca móvil, un salto de inclusión financiera que hace apenas dos décadas hubiera parecido extraordinariamente ambicioso de alcanzar en tan poco tiempo.
Por qué la economía informal representa un problema estructural
Antes de analizar esta transformación, conviene recordar por qué la economía informal —aquella actividad económica que se desarrolla al margen de la regulación, la fiscalidad y la protección social oficial— representa un problema estructural tan relevante para el desarrollo económico. Los trabajadores informales carecen habitualmente de acceso a crédito formal (al no poder demostrar un historial de ingresos verificable), de protección social (pensiones, seguro de desempleo, cobertura sanitaria vinculada al empleo) y de la seguridad jurídica que ofrece un contrato laboral formal. Para los gobiernos, la economía informal supone además una pérdida constante de ingresos fiscales que podrían destinarse a financiar infraestructura, educación o sanidad pública.
El caso de M-Pesa en África: el pionero de la inclusión financiera digital
El sistema de dinero móvil M-Pesa, lanzado en Kenia en 2007 y posteriormente expandido a otros países africanos, es considerado uno de los casos de éxito más relevantes de inclusión financiera digital a nivel mundial, y un referente obligado en cualquier análisis sobre este fenómeno. Al permitir transferir y recibir dinero directamente a través del teléfono móvil, sin necesidad de disponer de una cuenta bancaria tradicional, M-Pesa facilitó que millones de pequeños comerciantes y trabajadores informales comenzaran a generar, por primera vez en su vida económica, un historial financiero digital verificable.
Este historial, aparentemente sencillo, abre la puerta a algo mucho más transformador: el acceso a crédito y otros servicios financieros que antes resultaban prácticamente inaccesibles para esta población, precisamente porque las entidades financieras tradicionales no disponían de ninguna información fiable sobre su capacidad de pago o su comportamiento financiero previo. Como resumía un especialista en inclusión financiera al analizar este fenómeno: «Cuando un vendedor ambulante empieza a cobrar por móvil en lugar de en efectivo, genera automáticamente un rastro digital de sus ingresos. Eso es el primer paso hacia la formalización.» Esta observación, aparentemente sencilla, encierra el mecanismo fundamental detrás de toda esta transformación económica: la digitalización de los pagos genera, casi como efecto secundario, la información necesaria para construir un historial financiero formal donde antes solo existía efectivo sin trazabilidad alguna.
Plataformas de trabajo digital: ¿formalización o nueva precariedad?
Las plataformas de delivery, transporte y microtrabajos digitales —que emplean ya a más de 450 millones de personas en todo el mundo— presentan un panorama bastante más matizado que el de la banca móvil, y merecen un análisis más detallado. Si bien estas plataformas generan registros de ingresos verificables y, en algunos países, obligan a realizar contribuciones a la seguridad social por parte de la propia plataforma o del trabajador, también han sido objeto de crítica considerable por generar nuevas formas de precariedad laboral, con trabajadores clasificados legalmente como autónomos independientes, sin las protecciones asociadas al empleo formal tradicional, como el derecho a vacaciones remuneradas, la indemnización por despido o la cobertura de bajas por enfermedad.
Esta dualidad —formalización parcial de los ingresos, pero sin las protecciones laborales completas del empleo tradicional— ha generado un intenso debate regulatorio en numerosos países, incluida España y el resto de la Unión Europea, donde se han aprobado o discutido normativas específicas para clarificar el estatus laboral de los trabajadores de plataformas digitales, buscando un equilibrio entre la flexibilidad que valoran muchos de estos trabajadores y la necesidad de garantizar derechos laborales básicos que la clasificación como autónomo, en la práctica, a menudo no proporciona de forma adecuada.
El impacto fiscal de esta transformación
Para los gobiernos de economías emergentes, la formalización progresiva de la actividad económica mediante la digitalización representa una oportunidad fiscal muy significativa. El Fondo Monetario Internacional estima que la mayor trazabilidad de las transacciones económicas derivada de esta digitalización podría generar una recaudación fiscal adicional de hasta 95.000 millones de dólares anuales en el conjunto de los países en desarrollo, recursos que, gestionados adecuadamente, podrían destinarse a financiar infraestructura y servicios públicos en economías que históricamente han sufrido de una base fiscal insuficiente precisamente por el elevado peso de su economía informal.
Esta perspectiva fiscal explica también por qué numerosos gobiernos de economías emergentes han impulsado activamente, mediante políticas públicas e incentivos regulatorios, la adopción de pagos digitales y banca móvil entre su población, más allá de los beneficios de inclusión financiera que estas tecnologías aportan directamente a los propios ciudadanos. Existe, en definitiva, un alineamiento de intereses entre los objetivos de inclusión financiera y los objetivos de recaudación fiscal de los gobiernos, un factor que ha acelerado la adopción de políticas favorables a la digitalización financiera en muchos de estos países.
Implicaciones para inversores: el atractivo del fintech en mercados emergentes
Desde la perspectiva de la inversión, esta transformación ha convertido a las empresas de tecnología financiera (fintech) especializadas en mercados emergentes en uno de los segmentos de mayor interés dentro del sector financiero global, dado el enorme tamaño de la población todavía no bancarizada o subbancarizada en estas regiones, que representa un mercado potencial de cientos de millones de nuevos clientes para servicios financieros básicos: cuentas de ahorro, crédito, seguros y medios de pago digitales.
Las empresas que han logrado construir infraestructuras de pago digital exitosas en mercados emergentes se benefician, además, de un efecto de red particularmente potente: cuantos más comerciantes y consumidores adoptan una plataforma de pago digital concreta, más valiosa se vuelve esa plataforma para todos sus usuarios, generando barreras de entrada considerables frente a competidores que intenten replicar ese ecosistema una vez consolidado, un factor que los inversores especializados en este segmento valoran especialmente a la hora de evaluar el potencial de crecimiento a largo plazo de estas compañías.
Los riesgos y límites de esta transformación
Pese a sus indudables beneficios, esta transformación digital de la economía informal no está exenta de riesgos y limitaciones que conviene tener presentes. La llamada «brecha digital» sigue excluyendo a una parte significativa de la población más vulnerable, que carece de acceso a smartphones, conectividad fiable a internet o la alfabetización digital necesaria para utilizar estos servicios con confianza, lo que podría ampliar, en lugar de reducir, las desigualdades económicas existentes si no se acompaña de políticas específicas de inclusión digital para estos colectivos más rezagados.
La privacidad y seguridad de los datos financieros generados por esta digitalización masiva también plantea retos regulatorios considerables, especialmente en países con marcos legales de protección de datos todavía en desarrollo, donde el riesgo de uso indebido de esta información —tanto por actores privados como, en algunos casos, gubernamentales— resulta más difícil de mitigar que en jurisdicciones con regulaciones de privacidad más consolidadas, como es el caso de la Unión Europea.
El caso de India y su infraestructura de pagos digitales
Otro ejemplo especialmente relevante de esta transformación es el desarrollado en India, donde el país ha construido una infraestructura pública de pagos digitales interoperable que permite a cualquier ciudadano transferir dinero de forma instantánea entre distintos bancos utilizando simplemente su número de teléfono móvil, sin coste para el usuario final en la mayoría de las transacciones cotidianas. Este sistema ha experimentado una adopción masiva en muy pocos años, convirtiéndose en una de las infraestructuras de pagos digitales de mayor volumen de transacciones del mundo, y ha sido citado con frecuencia por organismos internacionales como modelo de referencia para otros países en desarrollo que buscan replicar un proceso similar de digitalización financiera acelerada impulsada desde el propio sector público.
Este tipo de infraestructura pública de pagos, a diferencia de los sistemas dominados por un único proveedor privado, tiene la ventaja adicional de fomentar la competencia entre múltiples entidades financieras y aplicaciones de pago que operan sobre la misma infraestructura común, evitando la concentración de poder de mercado en un solo actor privado y manteniendo bajos los costes de transacción para el usuario final, un aspecto especialmente relevante cuando se trata de servicios financieros básicos destinados a población de bajos ingresos.
El efecto sobre las remesas internacionales
Otra dimensión menos comentada de esta digitalización financiera es su impacto sobre las remesas internacionales, uno de los flujos de capital más importantes para muchas economías en desarrollo, que dependen de los envíos de dinero de trabajadores migrantes hacia sus países de origen. Los canales digitales de envío de remesas han reducido de forma notable los costes de transacción respecto a los operadores tradicionales de transferencia de dinero, que históricamente cobraban comisiones muy elevadas, especialmente para los envíos de menor cuantía, penalizando precisamente a las familias con menos recursos que dependían de estos ingresos para cubrir necesidades básicas.
La reducción de estos costes de transacción, impulsada por la competencia de nuevos proveedores digitales frente a los operadores tradicionales, tiene un efecto multiplicador directo sobre la renta disponible de millones de familias en países receptores de remesas, complementando el efecto de formalización económica que hemos descrito en el resto de este artículo.
Un fenómeno con paralelismos en economías desarrolladas
Aunque este análisis se centra principalmente en economías emergentes, donde el fenómeno resulta más visible por el tamaño relativo de su economía informal previa, procesos similares de formalización digital también se observan, a menor escala, en economías desarrolladas, incluida España, donde sectores tradicionalmente asociados a la economía sumergida —determinados servicios domésticos, la hostelería informal o ciertos oficios de reparación y mantenimiento— están experimentando también procesos de digitalización de pagos y facturación que, gradualmente, reducen el espacio disponible para la actividad económica no declarada.
En conjunto, estos ejemplos —desde M-Pesa en África hasta la infraestructura de pagos de India, pasando por la digitalización de las remesas internacionales— muestran que la formalización digital de la economía no es un fenómeno aislado ni casual, sino una tendencia global consistente, impulsada tanto por la innovación tecnológica del sector privado como por políticas públicas deliberadas, que está redefiniendo de forma profunda la relación entre cientos de millones de personas y el sistema financiero formal.
Preguntas frecuentes
¿Qué es exactamente la economía informal?
Es la actividad económica que se desarrolla al margen de la regulación oficial, sin declaración fiscal, contratos laborales formales ni acceso a la protección social vinculada al empleo, y que es especialmente prevalente en muchos países en desarrollo.
¿Qué es M-Pesa y por qué se considera un caso de éxito?
Es un sistema de dinero móvil lanzado en Kenia en 2007 que permite transferir y recibir dinero a través del teléfono móvil sin necesidad de una cuenta bancaria tradicional, facilitando el acceso a servicios financieros para millones de personas previamente excluidas del sistema bancario formal.
¿Los trabajadores de plataformas digitales están mejor protegidos que los trabajadores informales tradicionales?
Es un tema debatido: generan un historial de ingresos verificable, lo que es positivo, pero a menudo carecen de las protecciones laborales completas del empleo formal tradicional, al ser clasificados como autónomos independientes en muchas jurisdicciones.
¿Cómo se benefician los gobiernos de la formalización digital de la economía?
Principalmente a través de una mayor recaudación fiscal, al hacerse visibles transacciones económicas que antes escapaban completamente al control tributario, recursos que en teoría pueden destinarse a financiar infraestructura y servicios públicos.